Limpiar la Policia

El presidente Evo Morales instruyó al comandante de la Policía Nacional, general Oscar Nina, aplicar una rápida solución para limpiar la institución de las prácticas de corrupción que la han desprestigiado ante los ojos de los ciudadanos.
Los hechos de Caranavi, San Ramón y Uncía, que estallaron entre mayo y junio, hicieron surgir esta inquietud en el Presidente, con palabras que fueron expresadas en ocasión del aniversario de fundación de la Policía, el 24 de junio pasado.
La participación de agentes, algunos de ellos en servicio activo, en los bandos de los narcotraficantes, desnudó esta realidad de la que se sospechaba, pero no se tenía datos precisos, con nombres y fechas.
El general Nina respondió con presteza a las instrucciones del Presidente, pues anunció que en 45 días la Policía iba a destruir las estructuras de corrupción interna.
El optimismo del comandante ha sido excesivo, a juzgar por los hechos que se han producido desde entonces.
En efecto, cuando corría el plazo fijado por Nina, a principios de julio se produjo el caso del asesinato, por tortura, del ciudadano David Olorio, mientras era interrogado acerca del asalto a la caseta de cobro de peaje en la autopista La Paz-El Alto.
Olorio murió a consecuencia de las torturas a que lo sometieron policías, según dijo el propio presidente Morales, lo que muestra que la situación que Nina quería enfrentar es mucho más compleja. La investigación ha establecido que Olorio era víctima de presiones, extorsiones y amenazas de parte de otros uniformados.
Se está hablando de un individuo muerto que, según las sospechas de la Policía, formaba parte de la banda que asaltó el puesto de peaje, y que habría cometido quién sabe cuántas otras fechorías. Un individuo que, formando parte de esa banda, era presionado por policías, seguramente para ofrecerle cobertura, protección e inmunidad.
De lo que se desprende que el muerto no era el único vinculado con hechos ilegales. Es inevitable preguntarse, por lo tanto, ¿cuántos otros policías están vinculados con bandas de asaltantes, o con organizaciones delincuenciales de otro tipo? ¿A cuántos otros comprometen esos policías, para gozar de impunidad?
Lo ocurrido con Olorio podría ser el hilo que lleve a la madeja de otros nexos entre los delincuentes y los uniformados.
Los dirigentes de los ayllus de Sacasaca, cerca de Uncía, donde fueron asesinados cuatro policías a fines de mayo los primeros tres y a principios de junio el cuarto, dijeron que los policías los extorsionaban.
Se sabe de la actitud prepotente de policías que arrebatan los pasaportes a turistas extranjeros para sacarles dinero a cambio. Pero lo más tenebroso es la relación que tienen, a juzgar por los hechos de San Ramón, con las bandas de narcotraficantes que llevan droga a Brasil.
Quizá el general Nina estaba subestimando el fenómeno de la corrupción en la Policía cuando dijo que haría la ‘limpieza’ en 45 días. Pero por eso no tiene que desanimarse: se trata de una tarea vital para el país.