Contra la Tortura

La práctica sistemática de la tortura de los detenidos políticos ha sido y es, una penosa característica de los gobiernos dictatoriales en el mundo, cuyos organismos de seguridad aplican con el fin de obtener información por la fuerza. Bolivia no ha sido la excepción, por supuesto, al punto que, con cada retorno de la vapuleada democracia boliviana, se han mostrado pruebas palpables de comisión de un delito catalogado de crimen de lesa humanidad. Lamentablemente, la Policía Nacional ha extendido la utilización de la tortura a la lucha contra la delincuencia. Si esta práctica ilegal podía ser tolerada en los regímenes de fuerza, no puede ser consentida bajo ningún concepto durante un gobierno democrático.
Por eso es que, a la luz de las evidencias, el Gobierno del presidente Morales ha tenido que admitir la práctica de la tortura en el caso de Olorio Apaza, que ha derivado en la muerte violenta del detenido, hasta ese momento sospechoso principal del reciente atraco a un puesto de peaje. ¿Cuáles han sido las razones por las que se ha torturado en las dependencias policiales a un elemento clave para esclarecer el delito agravado con la muerte de un efectivo policial? ¿Es que existe un nexo de los delincuentes con la Policía? Mientras se esperan respuestas satisfactorias, la institución del orden entra en sospecha.
Dadas las circunstancias, la retórica de la condena a la tortura en general por parte del Ejecutivo, y en especial la referida al caso Olorio Apaza, resulta totalmente insuficiente y escasamente creíble. La situación exige pasar cuanto antes de las palabras a los hechos. Esto significa celeridad para investigar, juzgar y castigar a quienes resulten culpables de la muerte de Apaza, y también poner sobre el tapete todo el entramado delictivo que ha puesto a la Policía en el banquillo de los acusados. La ciudadanía en general y la opinión pública en especial, consideran que existen muchos aspectos oscuros en la institución policial que deben ser expuestos a la luz pública. Se trata de la transparencia institucional.
Resulta preciso y oportuno que el sistema democrático boliviano ofrezca señales nítidas de fortaleza. Para ello hace falta una urgente y amplia depuración de los elementos perniciosos existentes en la Policía Nacional, que no sólo socavan la imagen institucional, sino que colocan a la democracia boliviana en una situación de deterioro que se hace necesario encarar con decisión y madurez. La mentada reforma policial no puede quedar en el simple papel. Por el contrario, el Gobierno está obligado a ser consecuente con sus promesas y actuar en consecuencia. A estas alturas, toda demora puede calificarse de encubrimiento.
La tortura es un delito penado por ley. Es más, ha sido calificada de crimen de lesa humanidad. Por tanto, su práctica sistemática u ocasional en cualquier ámbito, incluso en la dura lucha contra la delincuencia resulta injustificable y, por tanto, absolutamente repudiable. Si bien la tortura parece devenir en un atavismo de los regímenes de fuerza, tiránicos y dictatoriales, no puede ser captada en democracia. Esta es la hora precisa para que el Gobierno demuestre que defiende y fortalece el estado de derecho poniendo los puntos sobre las íes. En esa tarea, con características de titánica, al menos debe demostrar que actúa con decisión y transparencia, por encima de intereses espurios y a favor del país en su conjunto.

La tortura es una práctica ilegal repudiable que no puede ser consentida bajo ningún concepto durante un gobierno democrático.