El Gobierno optó por disolver la Unidad Táctica de Resolución de Crisis Utarc mostrando la facilidad con que se pueden resolver los problemas, cuando resultan quemando las manos. El grupo señalado fue nada más ni menos que el autor de la tremenda agresión que como una unidad de la policía nacional, cometió contra los periodistas de un canal de televisión. No podía haber resultado más fácil evitar mayores reclamos y protestas como consecuencia de un hecho que atenta contra todas las libertades, en especial de aquellas de prensa, expresión e información, a las cuales debemos tener acceso todos los ciudadanos como un derecho inalienable. El periodismo es víctima frecuente de atropellos de todos los sectores, pero resulta de mayor gravedad que estos vengan de manos de un organismo del Gobierno, por el poder que detenta y en el caso que nos ocupa, por la magnitud de los daños inferidos a personas que cumplían sus tareas de servicio a la sociedad. No es el primer caso en que el Gobierno resuelve algún problema candente haciendo desaparecer las evidencias, en el bullado caso de terrorismo, el cual muchas personas no han terminado de digerir, los presuntos autores de la conspiración para ejecutar un magnicidio, como se dice, resultaron desapareciendo y junto a ellos todas las evidencias que hubieran servido para confirmar la veracidad de las denuncias. Los autores del caso de agresión a los periodistas del canal de televisión desaparecieron con el organismo disuelto, con la misma habilidad que el grupo de presuntos terroristas, lo que terminó evitando que la opinión pública hubiera podido conocer los entretelones de un hecho que de ser cierto la hubiera convulsionado. En el caso que nos ocupa, las organizaciones de la prensa decidieron iniciar un proceso ante las autoridades judiciales, pero en ausencia de los verdaderos culpables del hecho, la causa tendría que ser instaurada contra la institución encargada de proteger a la sociedad y con seguridad el proceso no sólo quedaría sin resolver durante mucho tiempo, sino que podría ser motivo de represalias de la institución del estado puesta en tela de juicio. Con la habilidad que le caracteriza, el Gobierno ha hecho desaparecer las evidencias, los nombres de los autores e inclusiva la realidad de los hechos que hubiera podido servirles para ofrecer una explicación que pueda ser convincente. Con seguridad los autores de aquel hecho serán premiados con un nuevo destino y tal vez un ascenso, por haber tenido la habilidad de llevarse metido en una bolsa a un ciudadano cuya culpabilidad todavía está en duda, y no se sabe con qué objetivo, ya que los interesados en cumplir su deber informando a la ciudadanía sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor, terminaron amedrentados de la manera más persuasiva, con el empleo de armas de fuego y destruyendo los equipos que podían haber dado luces sobre el hecho. Las quejas que a diario se manifiestan por la falta de seguridad para los ciudadanos se convierten hoy en un hecho más evidente, ya que los autores de un grave atropello que deberían ser los encargados de protegerlos quedan libres de culpa, con la sola disolución el equipo de élite que les envió a consumar una misión que no ha sido esclarecida.