Limpiar la Policia

El presidente Evo Morales instruyó al comandante de la Policía Nacional, general Oscar Nina, aplicar una rápida solución para limpiar la institución de las prácticas de corrupción que la han desprestigiado ante los ojos de los ciudadanos.
Los hechos de Caranavi, San Ramón y Uncía, que estallaron entre mayo y junio, hicieron surgir esta inquietud en el Presidente, con palabras que fueron expresadas en ocasión del aniversario de fundación de la Policía, el 24 de junio pasado.
La participación de agentes, algunos de ellos en servicio activo, en los bandos de los narcotraficantes, desnudó esta realidad de la que se sospechaba, pero no se tenía datos precisos, con nombres y fechas.
El general Nina respondió con presteza a las instrucciones del Presidente, pues anunció que en 45 días la Policía iba a destruir las estructuras de corrupción interna.
El optimismo del comandante ha sido excesivo, a juzgar por los hechos que se han producido desde entonces.
En efecto, cuando corría el plazo fijado por Nina, a principios de julio se produjo el caso del asesinato, por tortura, del ciudadano David Olorio, mientras era interrogado acerca del asalto a la caseta de cobro de peaje en la autopista La Paz-El Alto.
Olorio murió a consecuencia de las torturas a que lo sometieron policías, según dijo el propio presidente Morales, lo que muestra que la situación que Nina quería enfrentar es mucho más compleja. La investigación ha establecido que Olorio era víctima de presiones, extorsiones y amenazas de parte de otros uniformados.
Se está hablando de un individuo muerto que, según las sospechas de la Policía, formaba parte de la banda que asaltó el puesto de peaje, y que habría cometido quién sabe cuántas otras fechorías. Un individuo que, formando parte de esa banda, era presionado por policías, seguramente para ofrecerle cobertura, protección e inmunidad.
De lo que se desprende que el muerto no era el único vinculado con hechos ilegales. Es inevitable preguntarse, por lo tanto, ¿cuántos otros policías están vinculados con bandas de asaltantes, o con organizaciones delincuenciales de otro tipo? ¿A cuántos otros comprometen esos policías, para gozar de impunidad?
Lo ocurrido con Olorio podría ser el hilo que lleve a la madeja de otros nexos entre los delincuentes y los uniformados.
Los dirigentes de los ayllus de Sacasaca, cerca de Uncía, donde fueron asesinados cuatro policías a fines de mayo los primeros tres y a principios de junio el cuarto, dijeron que los policías los extorsionaban.
Se sabe de la actitud prepotente de policías que arrebatan los pasaportes a turistas extranjeros para sacarles dinero a cambio. Pero lo más tenebroso es la relación que tienen, a juzgar por los hechos de San Ramón, con las bandas de narcotraficantes que llevan droga a Brasil.
Quizá el general Nina estaba subestimando el fenómeno de la corrupción en la Policía cuando dijo que haría la ‘limpieza’ en 45 días. Pero por eso no tiene que desanimarse: se trata de una tarea vital para el país.

Pensar como Pobre, Vivir como Rico

Una de las cosas que caracteriza a cierta izquierda –o a aquellas personas que dicen comulgar con esta tendencia política– está referida a la paradoja que encierra el hecho de pensar como pobre y vivir en la práctica de una forma holgada, ‘aburguesada’, disfrutando de todas las comodidades que brinda el capitalismo. Esta idea de por sí no tiene nada de novedosa, porque es muy frecuente oírla en las aulas universitarias y en círculos donde la autocrítica es bien acogida.
La clase política boliviana, constituida por varios ex líderes de izquierda, muchos de ellos salidos de la escuela trotskista académica y de otras vertientes más radicales o moderadas, así como numerosos políticos de derecha, provenientes del ala más fascista o de una más demócrata y tolerante, suele sucumbir ante las tentaciones del poder y cambiar sus ideas por las buenas cosas que ofrece el mundo material. Para ser cabales con el juicio, más que traición de principios es preferible hablar de incoherencia, de inconsecuencia, de posturas acomodadizas que nos conducen inevitablemente al doble discurso, a la doble moral.
Es lo que se puede percibir en ciertos políticos –principiantes, experimentados y también en los pasados a retiro forzoso por el régimen del Movimiento Al Socialismo–, así como en ciertos ‘asesores’ y ‘analistas’ devenidos hoy en oráculos que profetizan el futuro de este desventurado país, muchos de los cuales salieron de las entrañas de la izquierda, identificada siempre con un discurso a favor de las clases desposeídas.
Este mismo criterio puede ser aplicado a dirigentes de otros sectores (gremios), que aunque sepan muy poco lo que es el marxismo u otras teorías de salvación, entienden perfectamente –por mera experiencia o instinto– cómo funciona la lógica del capital y su reproducción, valiéndose para el efecto de enunciados de reivindicación de los segmentos sociales más postergados.
Un ejemplo de ello son los transportistas y gremialistas, cuyos dirigentes acostumbran hablar en nombre de sus ‘bases’ –los verdaderos pobres, descuidados, explotados, sin beneficios laborales–, mientras ellos encarnan a los nuevos ricos que forjan su fortuna con sus ‘flotillas’ de buses o puestos de venta distribuidos en numerosos mercados y en lugares privilegiados de los mismos.
Estas actitudes llaman la atención y desnudan las contradicciones que son frecuentes entre la teoría y la práctica, el discurso y los hechos. Es muy bonito hablar del ‘mapa de la pobreza’ en Bolivia en reuniones a las que se llega en vehículos caros, lujosos y estrambóticos, fiel expresión del ego del ser humano, que acostumbra reflejar su personalidad en sus posesiones. Mientras más grande y llamativo el objeto material, según coinciden algunos psicólogos, más satisfecho el ego y elevada la autoestima.
La consecuencia con uno mismo es una cualidad casi inexistente en estos tiempos, por eso la reflexión va en sentido de que debe haber correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace.

La Justicia Desaparece

La toma de las cortes superiores de distrito constituye un paso definitivo en el proceso de concentración total del poder que se está desarrollando en Bolivia. El sometimiento de la justicia al Poder Ejecutivo, mediante el procesamiento de los altos magistrados y el nombramiento de interinos para reemplazarlos, ha constituido el mecanismo por el cual la justicia independiente ha desaparecido.
La intensidad de la confrontación política en lo que nos hace vivir el ‘socialismo del siglo XXI’ nos hace perder la perspectiva con relación a la profundidad del proceso totalitario que se procura instalar en los países cuyos gobiernos se adscriben al liderazgo de Hugo Chávez. La toma de la justicia es esencial en este proceso, pues es el mejor instrumento para perseguir y anular a los adversarios políticos, con un manto de legalidad y democracia que permite que la comunidad internacional siga tratando a estos gobiernos como democráticos.
Veamos lo que ha pasado en 2010. Al lograr la reelección el presidente Evo Morales y obtener la mayoría en ambas cámaras, el oficialismo determina que la primera ley que aprobaría la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reemplazó al Congreso Nacional, sería la llamada ‘ley corta’, por la cual se transfería al Presidente del Estado la posibilidad de nombrar por decreto supremo los cargos vacantes de los altos magistrados de la nación.
De esta forma se designó interinamente y por dedazo presidencial a la mayoría de la Corte Suprema, a la totalidad del Tribunal Constitucional, a la totalidad del Consejo de la Magistratura, al Fiscal General y a la totalidad de los fiscales de Distrito. Además de ello, se determinó que el Tribunal Constitucional tendría carácter liquidador y sólo podría resolver las causas pendientes hasta febrero de 2009, con lo cual los ciudadanos bolivianos continuamos privados de contar con una instancia ante la cual recurrir cuando se vulneran nuestros derechos y garantías constitucionales, situación que ya sufrimos desde 2007.
El siguiente paso se dio en los últimos 30 días. El Consejo de la Magistratura suspendió a una gran cantidad de vocales de las cortes de Distrito, argumentando que no habían cumplido con un examen para continuar en sus cargos. Obviamente, se hizo caso omiso de que este requisito no existía en la norma vigente en el momento en el cual fueron nombrados.
De más está decir que esta situación vuelve los procesos judiciales un mero trámite, en los cuales los ciudadanos tenemos la sensación de que las sentencias se redactan en el Ministerio de Gobierno y no en los tribunales. La retroactividad de la ley es uno de los instrumentos más valiosos para los proyectos totalitarios.
Por ello, no nos debe extrañar que el Vicepresidente del Estado haya declarado que meterá preso a los líderes que impulsaron los referéndums por las autonomías departamentales. Esto es sentencia sin juicio previo, pero para qué guardar las formas si así funcionan las cosas.

Retorno

Hola Santa Cruz, estoy de regreso por vos. Se que muchas cosas te pasaron en mi ausencia, pero ahora cuenta otra vez conmigo.
SIEMPRE LIBRES CRUCEÑOS SEAMOS

El Golpe

Manfred y Leopoldo no patearon el tablero. Lo que pasa es que no había tablero y por eso cada quien jugaba el juego que quería. Cuando ellos lanzan su candidatura, colocan un tablero y obligan a los demás jugadores a entrar o no, en un juego que empieza a ser definido.
En primer lugar al gobierno, que se encuentra con una situación inesperada: resulta que durante casi un año ha trabajado, sin querer, para ofrecer una víctima al electorado, ¡con lo que cuesta hacer eso en política! Y ahora sus brillantes abogados -puestos para convertir lo ilegal en legal, según la versión de Evo Morales- tienen que improvisar todas las martingalas posibles para impedir la campaña desde una cárcel... ¡flor de campaña la que se puede hacer! Con un agravante: todos los calificativos, insultos, burlas, ataques oficialistas a Manfred y Leopoldo, terminan fortaleciéndolos. Porque no cabe la menor de las dudas de que el principal mérito, la indiscutible virtud de esta candidatura, es la de monopolizar la condición de oposición.
Y no es por falta de razones: Manfred Reyes Villa fue el primer político que se atrevió a disputarle a Evo Morales lo que hasta ese momento era su mayor plaza fuerte, Cochabamba, y le ganó. Fue el primer Prefecto contra el que el gobierno intentó un golpe de Estado. Fue el único de los nueve prefectos que mantuvo firmemente su posición del No al referéndum revocatorio. Leopoldo Fernández es, por su parte, la figura emblemática de lo que constituye la arbitrariedad gubernamental. Un año preso, sin debido proceso, con todas las características del prisionero político. ¿Qué otro frente puede disputar esas credenciales para erigirse en oposición?
En el plano internacional: Cuando llegue un corresponsal importante de una publicación importante y quiera entrevistar a los candidatos a la Vicepresidencia, ¿lo van a llevar a San Pedro? Y cuando se empiece a averiguar de nuevo lo realmente sucedido en Pando -sin alcahueteríos como el de Mattarolo-, ¿estarán disponibles todos los protagonistas, incluyendo a Quintana?
Y también descoloca a los demás candidatos, porque les guste o no, el nuevo tablero impone otros razonamientos. Doy por hecho que no todos los candidatos pretenden ser oposición y tienen sus razones -cuantiosas, a veces-, y me merecen todo el respeto del mundo. Pero, ¿qué van a hacer aquellos candidatos que sí pretenden ser opositores? Específicamente me refiero a dos de los candidatos por quienes siento especial aprecio y respeto: Víctor Hugo Cárdenas y Germán Antelo. A estas alturas (esta columna se despacha el viernes), supongo que ambos ya habrán decidido apostar por el frente amplio. El primero, Víctor Hugo, ha sido uno de los que más fuertemente ha reclamado la necesidad de unidad para conformar un frente: ante una opción de oposición claramente más fuerte, Manfred-Leo, tiene la gran oportunidad de aplicar a su candidatura el desprendimiento y grandeza que él reclamaba a los demás. Y en el caso de Germán es más sencillo todavía: Santa Cruz, ¡qué duda cabe!, va a votar mayoritariamente contra Evo Morales y su proyecto, porque es Santa Cruz la que se erige en la primera víctima de ese proyecto. Es obvio que van elegir a la candidatura más fuerte. El aporte de Antelo consolida las bases del frente y lo hace más nacional.
No cabe ninguna duda: la candidatura anunciada, ha constituido un golpe político suficientemente serio y contundente como para que los demás reflexionen. Y para el gobierno la necesidad de asumir que aquello de derrotar, aplastar, liquidar, entregarle comida a los gusanos, no había sido tan fácil…

El Gobierno optó por disolver la Unidad Táctica de Resolución de Crisis Utarc mostrando la facilidad con que se pueden resolver los problemas, cuando resultan quemando las manos. El grupo señalado fue nada más ni menos que el autor de la tremenda agresión que como una unidad de la policía nacional, cometió contra los periodistas de un canal de televisión. No podía haber resultado más fácil evitar mayores reclamos y protestas como consecuencia de un hecho que atenta contra todas las libertades, en especial de aquellas de prensa, expresión e información, a las cuales debemos tener acceso todos los ciudadanos como un derecho inalienable. El periodismo es víctima frecuente de atropellos de todos los sectores, pero resulta de mayor gravedad que estos vengan de manos de un organismo del Gobierno, por el poder que detenta y en el caso que nos ocupa, por la magnitud de los daños inferidos a personas que cumplían sus tareas de servicio a la sociedad. No es el primer caso en que el Gobierno resuelve algún problema candente haciendo desaparecer las evidencias, en el bullado caso de terrorismo, el cual muchas personas no han terminado de digerir, los presuntos autores de la conspiración para ejecutar un magnicidio, como se dice, resultaron desapareciendo y junto a ellos todas las evidencias que hubieran servido para confirmar la veracidad de las denuncias. Los autores del caso de agresión a los periodistas del canal de televisión desaparecieron con el organismo disuelto, con la misma habilidad que el grupo de presuntos terroristas, lo que terminó evitando que la opinión pública hubiera podido conocer los entretelones de un hecho que de ser cierto la hubiera convulsionado. En el caso que nos ocupa, las organizaciones de la prensa decidieron iniciar un proceso ante las autoridades judiciales, pero en ausencia de los verdaderos culpables del hecho, la causa tendría que ser instaurada contra la institución encargada de proteger a la sociedad y con seguridad el proceso no sólo quedaría sin resolver durante mucho tiempo, sino que podría ser motivo de represalias de la institución del estado puesta en tela de juicio. Con la habilidad que le caracteriza, el Gobierno ha hecho desaparecer las evidencias, los nombres de los autores e inclusiva la realidad de los hechos que hubiera podido servirles para ofrecer una explicación que pueda ser convincente. Con seguridad los autores de aquel hecho serán premiados con un nuevo destino y tal vez un ascenso, por haber tenido la habilidad de llevarse metido en una bolsa a un ciudadano cuya culpabilidad todavía está en duda, y no se sabe con qué objetivo, ya que los interesados en cumplir su deber informando a la ciudadanía sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor, terminaron amedrentados de la manera más persuasiva, con el empleo de armas de fuego y destruyendo los equipos que podían haber dado luces sobre el hecho. Las quejas que a diario se manifiestan por la falta de seguridad para los ciudadanos se convierten hoy en un hecho más evidente, ya que los autores de un grave atropello que deberían ser los encargados de protegerlos quedan libres de culpa, con la sola disolución el equipo de élite que les envió a consumar una misión que no ha sido esclarecida.

La Soberanía Boliviana

Nada menos que las narcoguerrillas colombianas de las FARC le han dado el visto bueno a las denominadas “bases de paz” que instalará Venezuela en varios países, entre ellos Bolivia, donde las autoridades de defensa hablan tan sólo de la remodelación –con fondos venezolanos- de algunos cuarteles militares en Pando, la frontera con Brasil y otro en el límite con Paraguay.
Los guerrilleros colombianos, cuyo poder de expansión hacia otros países ha sido admirable en los últimos años, esperan que estas bases militares florezcan y se multipliquen en todo el continente para que sirvan de focos de resistencia a la influencia norteamericana en la región. Usando un palabrerío típico de los mítines, las FARC consideran que esto de las bases se ha vuelto más o menos como un tablero de ajedrez y que mientras Estados Unidos mueve sus piezas en Colombia, Venezuela lo hará en otros sitios. Ellos por supuesto, hacen lo propio, como se pudo comprobar en Ecuador, donde operaba un comando de Raúl Reyes, miembro de la plana mayor de las FARC. El hecho de identificarse plenamente con el expansionismo político y militar venezolano no debe sorprender, menos después de que se han producido pruebas de que Hugo Chávez es un eficaz proveedor de armas modernas a los terroristas y que el narcotráfico es parte esencial del proyecto bolivariano.
Hablar de “bases de paz” resulta una broma de mal gusto de Hugo Chávez, quien ha afirmado claramente y en reiteradas ocasiones, que su idea es desatar uno y más Vietnams en Bolivia. ¿Qué paz pueden fomentar los venezolanos en Pando después de lo que sucedió hace un año en ese departamento? ¿De qué paz son capaces de hablar las FARC?
El tema de las bases se ha vuelto muy controversial desde que gobiernos populistas y abiertamente antiestadounidenses tomaron el poder en varios países de América Latina. El ecuatoriano Rafael Correa, por ejemplo, declaró como un gran logro el desmantelamiento de la base norteamericana de Manta, donde trabajaban apenas un puñado de militares, casi todos técnicos que operaban equipos de monitoreo aéreo para rastrear aviones con narcotráfico. El afán “expulsionista” también se produjo en Bolivia, donde el presidente Morales ordenó el retiro de los agentes de la DEA que habían estado evitando que el narcotráfico se desborde, como está sucediendo en este momento.
Ni la Unasur o la OEA se han manifestado en relación a estos fenómenos, especialmente con respecto al renovado auge del narcotráfico, pero sí se armó un zafarrancho con el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, dirigido específicamente a combatir el terrorismo y el tráfico de drogas. Menos mal que en la reunión de Bariloche todo se quedó en la pirotécnica verbal de Chávez, Correa y Morales, quienes enarbolan la soberanía y la dignidad de los pueblos cuando les conviene. Los paraguayos, un pueblo que sabe de guerras y agresiones extranjeras, no se tragan el cuento chavista y han pedido explicaciones de los movimientos armamentistas en Bolivia. Justamente hoy, el canciller David Choquehuanca se encuentra en Asunción dando explicaciones a su colega del vecino país. Seguramente para brasileños y peruanos no resultan nada inocentes estas movidas venezolanas en pleno corazón de América del Sur.

La soberanía sirve para expulsar a la DEA, pero se la ignora cuando Venezuela, muy amigo de las FARC, se mete en los cuarteles bolivianos.