miércoles, 14 de julio de 2010

Misión Cumplida

El presidente de la empresa AeroSur, Humberto Roca, dijo que el presidente Morales “se hace el boludo” con los atropellos que se están cometiendo en el país y que supuestamente son iniciativa del vicepresidente Álvaro García Linera. Horas antes de esa declaración, Morales había respaldado las acciones legales que lleva adelante García Linera contra el gobernador Rubén Costas, aunque intentó sacar los pies del plato lanzándole piropos a la autoridad cruceña. “Lo he visto desprendido y amable”, afirmó. Tanto Roca como Costas, han estado haciendo esfuerzos por no hacer ninguna alusión a Evo Morales, mientras dirigían todos sus dardos hacia su principal colaborador. Constantemente ambos contendientes trataban de llamar la atención del Presidente para denunciar las cosas que hacía su vicepresidente. García Linera acaba de cumplir la misión de poner al Gobierno nuevamente en conflicto con los “oligarcas, separatistas y divisionistas”, cuando la gran preocupación de Evo Morales está en la pelea de los indígenas contra el Gobierno indigenista.

Contra la Tortura

La práctica sistemática de la tortura de los detenidos políticos ha sido y es, una penosa característica de los gobiernos dictatoriales en el mundo, cuyos organismos de seguridad aplican con el fin de obtener información por la fuerza. Bolivia no ha sido la excepción, por supuesto, al punto que, con cada retorno de la vapuleada democracia boliviana, se han mostrado pruebas palpables de comisión de un delito catalogado de crimen de lesa humanidad. Lamentablemente, la Policía Nacional ha extendido la utilización de la tortura a la lucha contra la delincuencia. Si esta práctica ilegal podía ser tolerada en los regímenes de fuerza, no puede ser consentida bajo ningún concepto durante un gobierno democrático.
Por eso es que, a la luz de las evidencias, el Gobierno del presidente Morales ha tenido que admitir la práctica de la tortura en el caso de Olorio Apaza, que ha derivado en la muerte violenta del detenido, hasta ese momento sospechoso principal del reciente atraco a un puesto de peaje. ¿Cuáles han sido las razones por las que se ha torturado en las dependencias policiales a un elemento clave para esclarecer el delito agravado con la muerte de un efectivo policial? ¿Es que existe un nexo de los delincuentes con la Policía? Mientras se esperan respuestas satisfactorias, la institución del orden entra en sospecha.
Dadas las circunstancias, la retórica de la condena a la tortura en general por parte del Ejecutivo, y en especial la referida al caso Olorio Apaza, resulta totalmente insuficiente y escasamente creíble. La situación exige pasar cuanto antes de las palabras a los hechos. Esto significa celeridad para investigar, juzgar y castigar a quienes resulten culpables de la muerte de Apaza, y también poner sobre el tapete todo el entramado delictivo que ha puesto a la Policía en el banquillo de los acusados. La ciudadanía en general y la opinión pública en especial, consideran que existen muchos aspectos oscuros en la institución policial que deben ser expuestos a la luz pública. Se trata de la transparencia institucional.
Resulta preciso y oportuno que el sistema democrático boliviano ofrezca señales nítidas de fortaleza. Para ello hace falta una urgente y amplia depuración de los elementos perniciosos existentes en la Policía Nacional, que no sólo socavan la imagen institucional, sino que colocan a la democracia boliviana en una situación de deterioro que se hace necesario encarar con decisión y madurez. La mentada reforma policial no puede quedar en el simple papel. Por el contrario, el Gobierno está obligado a ser consecuente con sus promesas y actuar en consecuencia. A estas alturas, toda demora puede calificarse de encubrimiento.
La tortura es un delito penado por ley. Es más, ha sido calificada de crimen de lesa humanidad. Por tanto, su práctica sistemática u ocasional en cualquier ámbito, incluso en la dura lucha contra la delincuencia resulta injustificable y, por tanto, absolutamente repudiable. Si bien la tortura parece devenir en un atavismo de los regímenes de fuerza, tiránicos y dictatoriales, no puede ser captada en democracia. Esta es la hora precisa para que el Gobierno demuestre que defiende y fortalece el estado de derecho poniendo los puntos sobre las íes. En esa tarea, con características de titánica, al menos debe demostrar que actúa con decisión y transparencia, por encima de intereses espurios y a favor del país en su conjunto.

La tortura es una práctica ilegal repudiable que no puede ser consentida bajo ningún concepto durante un gobierno democrático.

Centralizar Autonomías

Con la apertura ayer del debate de la Ley Marco de Autonomía en el plenario de la Asamblea Legislativa, la oposición denunció una vez más la intención del Gobierno de centralizar y controlar otorgando una autonomía sin recursos, sin competencias y con la digitación directa desde La Paz.
Las observaciones están en al menos siete artículos del proyecto que se recibió del Gobierno y que ya fue aprobado en grande y en detalle en la comisión mixta de la Asamblea, aunque el Ministerio de Autonomías asumió defensa, asegurando que cumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado.
La demanda de mayores competencias acompañada de recursos surge desde las Gobernaciones de Santa Cruz y Tarija, asegurando que la intención de dejar para leyes especiales la definición de ciertas competencias y no entregar dinero para el sostenimiento resta la potestad autonómica de las regiones.
“Lo que ha demostrado el Gobierno es su intención de que fracase el modelo autonómico cruceño”, protestó el secretario de Gobierno, Vladimir Peña, señalando que tanto Santa Cruz como los otros tres departamentos que ya tienen sus estatutos, deben ser respetados. Además está la propuesta de un pacto fiscal que hizo el propio gobernador cruceño, Rubén Costas, para fijar la distribución de los recursos, hecho que fue rechazado por el Gobierno asegurando que se debe esperar el censo del 2011.
El propio ministro de Autonomías, Carlos Romero, explicó que los recursos a los departamentos ya fueron otorgados sin competencias y que ahora tendrán que asumir las responsabilidades.
Para la senadora cruceña de Convergencia, Centa Reck, el artículo 140 del proyecto de Ley que se refiere al cumplimiento de obligaciones, donde el Gobierno puede convocar a un Estado de Sitio sino hay una respuesta en 48 horas de las entidades autonómicas y el artículo 141 en el que prohíben la asociación política de las regiones, es la violación a los derechos, garantías y libertades políticas de los ciudadanos para ejercer una labor autonómica y de oposición.
“Se ve una judicialización que se está haciendo de la actividad política y no podemos aceptar que el espíritu de una Ley recorte esas libertades y garantías”, señaló la senadora opositora. Añadió que también muestra una persecución política a las regiones del oriente para combatir los liderazgos que surgieron desde el 2006, cuando se unieron en la lucha autonómica.
¿No se va permitir el Conalde?, fue la consulta al encargado de la casa autonómica en Santa Cruz, Henry Baldelomar, representante del Ministerio de Autonomías en Santa Cruz, quien aseguró que pueden reunirse para coordinar el desarrollo de sus regiones, pero no para que se constituyan en una “federación” que signifique tomar decisiones políticas, que pongan en riesgo la unidad del Estado.
Mientras que el artículo 142 del proyecto de Ley señala una fiscalización y control gubernamental, donde Baldelomar dijo que existe en todos los países autonómicos e inclusive en los confederados. Añade la figura de un control social, que espera otra ley para normarla completamente, pero da competencia para pedir un referéndum revocatorio
Por su parte el Movimiento Sin Miedo (MSM) en la voz del diputado Fabián Yaksic alertó que la suspensión de las autoridades por simple acusación formal está en el proyecto de Ley Autonómica.
Para el segundo vicepresidente cívico en Santa Cruz, Nicolás Ribera, se trata de una ley que busca la centralización alrededor del Gobierno.

Hay 338 entidades autonómicas

El encargado de la casa autonómica en Santa Cruz, Henry Baldelomar, informó ayer que Bolivia tendrá 338 entidades autonómicas con gobiernos, asegurando que la distribución competencial será un poco complicada pero que está dentro del régimen competencia que abarca desde el artículo 63 al 99 del proyecto de Ley Marco de Autonomía que tiene 149 artículos.
Baldelomar, en un desayuno trabajo que realizó ayer con los medios de comunicación, explicó el proyecto de Ley y detalle que hay 337 gobiernos municipales, 9 departamentales, 11 indígenas y una regional que está en el Chaco tarijeño.

las observaciones

1 Recursos y pacto fiscal• Hay protestas por la entrega de competencias en los artículos 103 al 106 del proyecto de Ley Autonómica pero no de recursos y de la negativa de un pacto fiscal.

2. Suspensión y control social • El proyecto de Ley Autonómico establece la suspensión de autoridades por simple acusación y hay un control social con potestad para referéndum revocatorio.

3. Estado de Sitio• El art. 140 señala “si no se toman las medidas necesarias el nivel central del Estado adoptara previsiones y garantías contenidas en los artículos 137 a 140 que norman el Estado de Sitio. Las entidades territoriales tienen 48 horas para atender las demandas de la gente.

4. No a la mancomunidad • El art. 141 señala que está prohibido que los departamentos autónomos tomen decisiones políticas de manera colegiada y vinculante para sus gobiernos, donde el Ejecutivo podrá intervenir.

6. Fiscalización y Control Gubernamental • “La fiscalización a los órganos ejecutivos es ejercida por los órganos legislativos de cada gobierno autónomo. El control gubernamental es ejercido por la Contraloría General del Estado.

7. Competencias • Está entre los artículos 63 al 99 y establece un principio de gradualidad para el ejercicio de las competencias en la que de 199 competencias 22 son privativas del Gobierno, 38 son exclusivas y 7 compartidas.

Con Licencia para Matar

La ciudadanía debe todavía encontrarse estupefacta, ante la evidencia incontrastable de que policías torturaron hasta quitarle la vida a un ciudadano sindicado de haberse involucrado en un asalto en la ciudad de La Paz. Las pruebas contra ese señor eran sus antecedentes delictivos y al parecer nada más.
La estupefacción puede pasar al temor, ya que no estamos hablando de delincuentes que utilizan métodos violentos para cometer sus fechorías, sino de personas a quienes las leyes les encargan la seguridad de la población, debiendo cumplir por ello con su consigna de “lucha contra el mal, por el bien de todos”.
Es posible que el torturado haya sido parte de la banda de asaltantes, pero ello no ameritaba la Ley del Talión, aplicándosele el mismo daño recibido por el policía muerto durante el acto delincuencial. Sin embargo, esa acción es propia de las sociedades bárbaras, no estando Bolivia inscrita en la lista de tales, aunque aparecen de tanto en tanto ciertos grupos sociales actuando de esa manera.
Ese accionar policial no es por vez primera para ser considerado un accidente, sino que existen antecedentes de excesiva violencia que concluyen en derramamiento de sangre y ello no puede justificarse de ninguna manera o tomar carta de ciudadanía. Hace tiempo también ocurrió en nuestra ciudad el acribillamiento de un grupo de personas tildadas de estar en la práctica de actividades ilícitas y hasta el momento la justicia no sanciona a los responsables.
También es bueno recordar el episodio violento donde se vieron involucrados periodistas de una red de televisión, que igualmente hasta la fecha no fueron encontrados los responsables.
Con todos esos antecedentes se demuestra que la Policía Nacional todavía utiliza los métodos propios de la dictadura, donde no se respetaba en lo más mínimo los derechos humanos de las personas y donde era común sonsacar información o una declaración a base de golpes y toques eléctricos, por no decir a punta de patadas y puñetes que le rompían hasta el alma al detenido en celdas policiales.
Esa dura constatación es todavía más terrorífica, cuando como en el caso que nos ocupa, incluso la representante del Ministerio Público avaló el informe de “muerte súbita” del detenido, cayendo en la criminal complicidad con quienes cometieron tan execrable acción, ya que antes de emitir tal opinión debió verificar esos extremos.
Necesariamente deberá llegar el mentado slogan de “proceso de cambio” a la Policía Nacional, donde se haga entender a los violentos uniformados que el “método coercitivo” de la tortura no se utiliza en las sociedades civilizadas, porque estarían incurriendo en delito y finalmente no se sabrá quién es más delincuente.
Sus autoridades tienen la responsabilidad de hacernos creer lo contrario, seguramente aduciendo que fue un hecho aislado lo ocurrido en celdas policiales paceñas, pero necesariamente deben dar muestras claras de eso, ya que en la colectividad se está creyendo que los policías tienen incluso licencia para matar.

Limpiar la Policia

El presidente Evo Morales instruyó al comandante de la Policía Nacional, general Oscar Nina, aplicar una rápida solución para limpiar la institución de las prácticas de corrupción que la han desprestigiado ante los ojos de los ciudadanos.
Los hechos de Caranavi, San Ramón y Uncía, que estallaron entre mayo y junio, hicieron surgir esta inquietud en el Presidente, con palabras que fueron expresadas en ocasión del aniversario de fundación de la Policía, el 24 de junio pasado.
La participación de agentes, algunos de ellos en servicio activo, en los bandos de los narcotraficantes, desnudó esta realidad de la que se sospechaba, pero no se tenía datos precisos, con nombres y fechas.
El general Nina respondió con presteza a las instrucciones del Presidente, pues anunció que en 45 días la Policía iba a destruir las estructuras de corrupción interna.
El optimismo del comandante ha sido excesivo, a juzgar por los hechos que se han producido desde entonces.
En efecto, cuando corría el plazo fijado por Nina, a principios de julio se produjo el caso del asesinato, por tortura, del ciudadano David Olorio, mientras era interrogado acerca del asalto a la caseta de cobro de peaje en la autopista La Paz-El Alto.
Olorio murió a consecuencia de las torturas a que lo sometieron policías, según dijo el propio presidente Morales, lo que muestra que la situación que Nina quería enfrentar es mucho más compleja. La investigación ha establecido que Olorio era víctima de presiones, extorsiones y amenazas de parte de otros uniformados.
Se está hablando de un individuo muerto que, según las sospechas de la Policía, formaba parte de la banda que asaltó el puesto de peaje, y que habría cometido quién sabe cuántas otras fechorías. Un individuo que, formando parte de esa banda, era presionado por policías, seguramente para ofrecerle cobertura, protección e inmunidad.
De lo que se desprende que el muerto no era el único vinculado con hechos ilegales. Es inevitable preguntarse, por lo tanto, ¿cuántos otros policías están vinculados con bandas de asaltantes, o con organizaciones delincuenciales de otro tipo? ¿A cuántos otros comprometen esos policías, para gozar de impunidad?
Lo ocurrido con Olorio podría ser el hilo que lleve a la madeja de otros nexos entre los delincuentes y los uniformados.
Los dirigentes de los ayllus de Sacasaca, cerca de Uncía, donde fueron asesinados cuatro policías a fines de mayo los primeros tres y a principios de junio el cuarto, dijeron que los policías los extorsionaban.
Se sabe de la actitud prepotente de policías que arrebatan los pasaportes a turistas extranjeros para sacarles dinero a cambio. Pero lo más tenebroso es la relación que tienen, a juzgar por los hechos de San Ramón, con las bandas de narcotraficantes que llevan droga a Brasil.
Quizá el general Nina estaba subestimando el fenómeno de la corrupción en la Policía cuando dijo que haría la ‘limpieza’ en 45 días. Pero por eso no tiene que desanimarse: se trata de una tarea vital para el país.

Pensar como Pobre, Vivir como Rico

Una de las cosas que caracteriza a cierta izquierda –o a aquellas personas que dicen comulgar con esta tendencia política– está referida a la paradoja que encierra el hecho de pensar como pobre y vivir en la práctica de una forma holgada, ‘aburguesada’, disfrutando de todas las comodidades que brinda el capitalismo. Esta idea de por sí no tiene nada de novedosa, porque es muy frecuente oírla en las aulas universitarias y en círculos donde la autocrítica es bien acogida.
La clase política boliviana, constituida por varios ex líderes de izquierda, muchos de ellos salidos de la escuela trotskista académica y de otras vertientes más radicales o moderadas, así como numerosos políticos de derecha, provenientes del ala más fascista o de una más demócrata y tolerante, suele sucumbir ante las tentaciones del poder y cambiar sus ideas por las buenas cosas que ofrece el mundo material. Para ser cabales con el juicio, más que traición de principios es preferible hablar de incoherencia, de inconsecuencia, de posturas acomodadizas que nos conducen inevitablemente al doble discurso, a la doble moral.
Es lo que se puede percibir en ciertos políticos –principiantes, experimentados y también en los pasados a retiro forzoso por el régimen del Movimiento Al Socialismo–, así como en ciertos ‘asesores’ y ‘analistas’ devenidos hoy en oráculos que profetizan el futuro de este desventurado país, muchos de los cuales salieron de las entrañas de la izquierda, identificada siempre con un discurso a favor de las clases desposeídas.
Este mismo criterio puede ser aplicado a dirigentes de otros sectores (gremios), que aunque sepan muy poco lo que es el marxismo u otras teorías de salvación, entienden perfectamente –por mera experiencia o instinto– cómo funciona la lógica del capital y su reproducción, valiéndose para el efecto de enunciados de reivindicación de los segmentos sociales más postergados.
Un ejemplo de ello son los transportistas y gremialistas, cuyos dirigentes acostumbran hablar en nombre de sus ‘bases’ –los verdaderos pobres, descuidados, explotados, sin beneficios laborales–, mientras ellos encarnan a los nuevos ricos que forjan su fortuna con sus ‘flotillas’ de buses o puestos de venta distribuidos en numerosos mercados y en lugares privilegiados de los mismos.
Estas actitudes llaman la atención y desnudan las contradicciones que son frecuentes entre la teoría y la práctica, el discurso y los hechos. Es muy bonito hablar del ‘mapa de la pobreza’ en Bolivia en reuniones a las que se llega en vehículos caros, lujosos y estrambóticos, fiel expresión del ego del ser humano, que acostumbra reflejar su personalidad en sus posesiones. Mientras más grande y llamativo el objeto material, según coinciden algunos psicólogos, más satisfecho el ego y elevada la autoestima.
La consecuencia con uno mismo es una cualidad casi inexistente en estos tiempos, por eso la reflexión va en sentido de que debe haber correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace.

La Justicia Desaparece


La toma de las cortes superiores de distrito constituye un paso definitivo en el proceso de concentración total del poder que se está desarrollando en Bolivia. El sometimiento de la justicia al Poder Ejecutivo, mediante el procesamiento de los altos magistrados y el nombramiento de interinos para reemplazarlos, ha constituido el mecanismo por el cual la justicia independiente ha desaparecido.
La intensidad de la confrontación política en lo que nos hace vivir el ‘socialismo del siglo XXI’ nos hace perder la perspectiva con relación a la profundidad del proceso totalitario que se procura instalar en los países cuyos gobiernos se adscriben al liderazgo de Hugo Chávez. La toma de la justicia es esencial en este proceso, pues es el mejor instrumento para perseguir y anular a los adversarios políticos, con un manto de legalidad y democracia que permite que la comunidad internacional siga tratando a estos gobiernos como democráticos.
Veamos lo que ha pasado en 2010. Al lograr la reelección el presidente Evo Morales y obtener la mayoría en ambas cámaras, el oficialismo determina que la primera ley que aprobaría la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reemplazó al Congreso Nacional, sería la llamada ‘ley corta’, por la cual se transfería al Presidente del Estado la posibilidad de nombrar por decreto supremo los cargos vacantes de los altos magistrados de la nación.
De esta forma se designó interinamente y por dedazo presidencial a la mayoría de la Corte Suprema, a la totalidad del Tribunal Constitucional, a la totalidad del Consejo de la Magistratura, al Fiscal General y a la totalidad de los fiscales de Distrito. Además de ello, se determinó que el Tribunal Constitucional tendría carácter liquidador y sólo podría resolver las causas pendientes hasta febrero de 2009, con lo cual los ciudadanos bolivianos continuamos privados de contar con una instancia ante la cual recurrir cuando se vulneran nuestros derechos y garantías constitucionales, situación que ya sufrimos desde 2007.
El siguiente paso se dio en los últimos 30 días. El Consejo de la Magistratura suspendió a una gran cantidad de vocales de las cortes de Distrito, argumentando que no habían cumplido con un examen para continuar en sus cargos. Obviamente, se hizo caso omiso de que este requisito no existía en la norma vigente en el momento en el cual fueron nombrados.
De más está decir que esta situación vuelve los procesos judiciales un mero trámite, en los cuales los ciudadanos tenemos la sensación de que las sentencias se redactan en el Ministerio de Gobierno y no en los tribunales. La retroactividad de la ley es uno de los instrumentos más valiosos para los proyectos totalitarios.
Por ello, no nos debe extrañar que el Vicepresidente del Estado haya declarado que meterá preso a los líderes que impulsaron los referéndums por las autonomías departamentales. Esto es sentencia sin juicio previo, pero para qué guardar las formas si así funcionan las cosas.

Retorno


Hola Santa Cruz, estoy de regreso por vos. Se que muchas cosas te pasaron en mi ausencia, pero ahora cuenta otra vez conmigo.
SIEMPRE LIBRES CRUCEÑOS SEAMOS